La UCCV insta a los partidos políticos a intensificar medidas en defensa de las personas consumidoras
La UCCV pide medidas de fomento del sistema arbitral de consumo
La Unión de Personas Consumidoras de la Comunitat Valenciana (UCCV) ha celebrado una Junta en la que han abordado distintas cuestiones relacionadas con los derechos de las personas consumidoras de la Comunitat Valenciana y han instado a los partidos políticos, que se presentan a los distintos procesos electorales, que intensifiquen acciones en defensa de las personas consumidoras y que fomenten el cambio de hábitos de consumo entre la ciudadanía.
En este sentido, destacan la necesidad de reforzar la promoción de actividades en defensa de las personas consumidoras y la puesta en marcha de acciones y programas en colaboración con las asociaciones de consumidores. También señalan que sería necesario implementar acciones en el ámbito educativo, destacando el carácter prescriptivo de los más jóvenes.
En la citada Junta, se ha puesto de manifiesto la necesidad de trabajar con colectivos vulnerables que, por distintas circunstancias, tienen problemas a la hora de ejercer sus derechos como personas consumidoras. De hecho, recuerdan a las distintas fuerzas políticas, que tanto la Constitución Española en su artículo 51 como el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana en el apartado 5 de su artículo 9, instan a los poderes públicos a garantizar la defensa de los consumidores y usuarios y a la puesta en marcha de acciones de información y de fomento de las organizaciones de personas consumidoras.
Sistema Arbitral de Consumo
Un apartado destacado ha sido el tema del Sistema Arbitral de Consumo incidiendo en la necesidad de fomentar acciones que permitan la adhesión al arbitraje de consumo para garantizar la defensa de los intereses de la ciudadanía en todos los sectores económicos posibles que afectan a nuestra economía familiar. También han señalado la necesidad de acciones que fomenten la igualdad entre toda la ciudadanía, insistiendo en el problema de la despoblación de zonas rurales y del interior que imposibilitan los mismos derechos para todos y todas.
